Yucatán: el 90% de las denuncias “son tipificadas como ‘lesiones’ pese a que las mujeres llegan casi muertas”
En el Estado hay 29 sentencias registradas contra 13 mil denuncias por violencia de género. “Los feminicidios en grado de tentativa solamente se conocen si llegan a la prensa, sino no se conocen”, explican desde el Observatorio Ciudadano Nacional.
En el Poder Judicial del Estado de Yucatán hay 29 sentencias condenatorias registradas por el delito de tentativa de feminicidio en el periodo de 2014 a junio de 2022.
Sin embargo, dichos números contrastan con más de 13 mil denuncias recibidas por actos de violencia familiar, lesiones y feminicidio en grado de tentativa desde 2014 cuando inició operaciones el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE).
Las pocas sentencias condenatorias invisibilizan la gravedad del delito de intento de feminicidio y vulneran la seguridad de las víctimas. Al carecer de monitoreo y de estadísticas no se tomaron las medidas adecuadas para evitarlo.
La mayoría de las denuncias suelen tipificarse como violencia familiar o lesiones. Esto minimiza la situación de riesgo en la que se encuentran las mujeres que son sobrevivientes a un ataque que atentó contra su vida.
“Tomemos en cuenta que hay una cifra negra porque hay muchas mujeres que no denuncian, pero de las denuncias que sí se realizan en la fiscalía es alrededor de 90 por ciento que no pasa como feminicidio en grado de tentativa y son tipificadas como violencia familiar o como lesiones a pesar de que llegan casi muertas”, señala en entrevista Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Yucatán.
Se conocen cuando llegan a la prensa
Desde el inicio de operaciones del Centro de Justicia para Mujeres de Yucatán en 2014, han sido recibidas 12 mil 974 denuncias por violencia familiar, lesiones e intento de feminicidio (a 2021). En lo que va de 2022 se contabilizan mil 180 denuncias presentadas en general.
Las cifras reportadas por la dependencia de justicia señalan que sólo una carpeta de investigación abierta en 2016 fue clasificada como intento de feminicidio.
“Los feminicidios en grado de tentativa solamente se conocen si llegan a la prensa, sino no se conocen y no podemos monitorear lo grave que es la situación. Además, nunca las cifras de la sociedad civil van a ser iguales a las institucionales”, advierte Adelaida.
Para medir la magnitud de la escasez de sanción al feminicidio en grado de tentativa fueron consultados dos refugios en Yucatán para mujeres víctimas. El Centro de Atención y Refugio para Mujeres con o sin Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema (Ayuntamiento de Mérida) y Apis Sureste: Fundación para la Equidad A.C., de la Red Nacional de Refugios.
Prevención, la prioridad
Atender la violencia feminicida comienza por la prevención y la visibilización de que el feminicidio en grado de tentativa es un delito que existe y que permea en la calidad de vida de las víctimas.
“Al no haber una cultura de prevención, la violencia va en aumento. Hay muchas sobrevivientes de feminicidio que incluso huyen. Existe un caso en Akil donde la mujer pagó 100 mil pesos para cruzar como indocumentada a Estados Unidos para evitar que su marido la matara”, comenta Adelaida Salas.
“Es un delito que impacta en la vida de las mujeres, en la vida de sus hijos. El futuro y proyecto de niñas y mujeres que se ven truncados con toda la violencia que enfrentan”, lamentó.
Leticia Murúa Beltrán Aragón, directora de Apis Sureste señala que es urgente que las autoridades establezcan y apliquen el protocolo para analizar el grado de riesgo en el que se encuentra una mujer que acude a denunciar.
“Los feminicidios que han existido podrían prevenirse. Hace falta que se haga un correcto tamizaje de riesgo donde aunque la mujer minimice la situación, el informe diga ‘estás en esta circunstancia, hagamos conciencia de lo que puede pasar’, canalizarla a un refugio o si la mujer no quiere podemos tejer una red de personas que esté al pendiente, que tenga medidas de protección en las que la autoridad esté avisada de que pasa por una situación en la que está en alto riesgo su vida”, explica.
La directora de Apis Sureste recuerda que la violencia feminicida es un problema estructural que debe atenderse desde todos los frentes, incluyendo a la comunidad.
Advierte que invisibilizar el intento de feminicidio vulnera a las víctimas y “como sociedad y como familia tenemos que entender a qué problemática nos enfrentamos, cómo podemos ayudar a las víctimas, no rechazarlas”.
“Estas cuestiones nos afectan socialmente y no le estamos dando la importancia. Los refugios ayudan a las personas que están viviendo esa situación y que han sido afectadas por la problemática y que si no se atienden pueden llegar a situaciones como los intentos de feminicidios y en los peores casos, el femicidio consumado”, señaló.
(Texto: Astrid Sánchez para www.lajornadamaya.mx / Foto: Juan Manuel Valdivia)